El Ministerio Público presentó este martes cargos contra 11 personas y dos empresas involucradas en una red que supuestamente estafó a más de 500 individuos mediante falsos proyectos inmobiliarios, utilizando diversas tácticas fraudulentas para engañar a las víctimas. Esta red fue desmantelada durante la operación Nido.
El expediente fue presentado ante la jueza Kenya Romero, coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, e incluye a los acusados Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera, y las empresas Indisarq y CRD Equipos Pesados. También se suman a la lista Erick Joan Dorrejo Medina, Wilton Manuel Peralta Brito, Moisés Benjamín Castro Balbi y Franklin Benjamín Martínez Jokson, según un comunicado del Ministerio Público.
La acusación fue presentada por la directora general de Persecución de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Reynoso, junto a los fiscales Andrés Octavio Mena y Surelis Jáquez, quienes lideraron la investigación.
El caso será asignado a un tribunal para conocer la audiencia preliminar mediante un sorteo aleatorio computarizado.
Los imputados enfrentan cargos por presunta estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos, en violación de varios artículos del Código Penal Dominicano.
La investigación reveló que la «red criminal» utilizaba las empresas Indisarq y CRD Equipos Pesados para perpetrar los fraudes, ofreciendo propiedades inexistentes en proyectos inmobiliarios ficticios. También se comprobó que estas empresas no cumplían con sus obligaciones fiscales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), lo que representa un caso de defraudación tributaria.
Se estima que la estafa a las víctimas asciende a más de 235 millones de pesos y más de 10 millones de dólares, dinero que debe ser restituido a las víctimas del proceso.
Durante la etapa preparatoria, el Ministerio Público logró incautar bienes muebles e inmuebles adquiridos con los fondos de las víctimas, incluyendo casas, apartamentos, vehículos y maquinaria pesada. Además, se descubrió que estos recursos fueron utilizados para cubrir los gastos personales de los acusados.
La red fue desmantelada tras realizar 25 allanamientos en las provincias de San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional, donde se confiscó una gran cantidad de propiedades y bienes de los acusados, quienes, según el expediente, llevaban un estilo de vida lujoso financiado con el dinero obtenido de las víctimas.
Entre las evidencias recolectadas, el Ministerio Público señaló que Emmanuel Rivera Ledesma, identificado como el líder de la red, utilizaba el nombre de figuras públicas conocidas para ganarse la confianza de las víctimas, sin tener ningún vínculo real con ellas. También se indicó que, tras el inicio de las investigaciones, intentó disuadir a las víctimas de presentar o continuar las querellas en su contra, firmando nuevos contratos fraudulentos para evadir responsabilidades legales y obstruir el proceso judicial.
