SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) ha citado a José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, para un interrogatorio que se llevó a cabo el miércoles 2 de octubre a las 3:00 de la tarde. Gómez fue detenido tras cinco horas de preguntas.
El foco de este procedimiento fue la licitación del contrato destinado a la modernización y gestión del sistema de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo, en medio de acusaciones que afectan la movilidad de la ciudad. Gómez, uno de los propietarios de Transcore Latam, ha sido señalado por supuestamente sabotear el sistema de semáforos, lo que provocó un grave caos en el tráfico y generó preocupación en la población.
Milton Morrison, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), presentó las acusaciones y solicitó al Ministerio Público una investigación exhaustiva sobre las acciones atribuidas a Gómez. Como consecuencia de estas acusaciones, se decidió rescindir el contrato de la empresa con el gobierno.
En cuanto al contexto del interrogatorio, el abogado de Jochi Gómez, Hiroito Reyes, confirmó que su cliente había solicitado ser entrevistado por el Ministerio Público, lo que llevó a la citación de la Pepca y a su posterior detención.
El interrogatorio se llevó a cabo en el edificio de la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia, un lugar que subraya la gravedad del caso.
Un Historial Problemático
Este no es el primer escándalo en el que Jochi Gómez ha estado involucrado. Anteriormente, ha enfrentado denuncias por hackeos y manipulación de datos en procesos electorales. El expresidente Leonel Fernández ha mencionado en varias ocasiones a Gómez, acusándolo de adulterar los resultados en las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Estas circunstancias han alimentado la desconfianza y preocupación de la ciudadanía respecto a la transparencia en la gestión pública. La situación actual de Jochi Gómez resalta la urgencia de abordar la corrupción en las instituciones.
Los ciudadanos esperan que la investigación se realice de manera transparente y que se tomen las medidas necesarias para restaurar la confianza en el sistema de transporte y en las autoridades responsables.
A medida que avanza la situación, la Pepca enfrenta el reto de demostrar su compromiso con la justicia y la rendición de cuentas.
