Los implicados en la Operación Camaleón

SANTO DOMINGO. – La Operación Camaleón, llevada a cabo por el Ministerio Público, es una investigación dirigida contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras, y el empresario de Transcore Latam, Jochi Gómez.

Además de Beras y Gómez, otras cinco personas están bajo investigación, acusadas de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado. Se les imputan delitos como desfalco, estafa al Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructuras críticas, uso de alta tecnología y robo de identidad. Entre los involucrados figuran Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez, y Carlos José Peguero Varga, quienes ocupaban puestos clave dentro del INTRANT y de la empresa de Jochi Gómez.

¿De qué se le acusa a Hugo Beras, Jochi Gómez y demás implicados en ...

Los implicados permanecen bajo custodia en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional.

Operación Camaleón: implicados crearon una compleja red de espionaje ...

Detalles de la operación De acuerdo con el Ministerio Público, la operación se ejecutó la noche del 2 de octubre de 2024, e incluyó allanamientos en viviendas y negocios en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. Participaron aproximadamente 170 agentes de la Policía Nacional, junto con unidades especiales, y más de 30 fiscales especializados en crimen organizado.

Durante los operativos, se confiscaron numerosas pruebas que refuerzan las acusaciones, lo que llevó al Ministerio Público a calificar la operación como una de las más exitosas en la lucha contra el crimen organizado. El procesamiento de algunas de las evidencias recolectadas tomó más de 12 horas.

Entre los delitos investigados se encuentra un contrato fraudulento relacionado con la modernización del sistema de semáforos en el Gran Santo Domingo, así como un contrato ilegal firmado en junio de 2020 entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, usado para usurpar funciones de inteligencia y seguridad del Estado. También se investiga un sabotaje a la red de semáforos de la capital en agosto.

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Joel Adames

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