SANTO DOMINGO. – El viceministro de Naturalización y Asuntos Migratorios del Ministerio de Interior y Policía, Juan Manuel Rosario, calificó como una amenaza para la soberanía de la República Dominicana los intentos de ciertos sectores por otorgar de manera encubierta la nacionalidad a extranjeros que no cumplen con los requisitos legales.
En una declaración pública, Rosario advirtió sobre cualquier intento de inscribir a estas personas en el registro civil u otras vías no regulares.
Rosario señaló que, bajo el argumento de defender los derechos humanos de quienes han ingresado ilegalmente al país, se han implementado directrices que buscan ignorar el derecho soberano del pueblo dominicano, respaldado por tratados internacionales que regulan las relaciones entre Estados.
El funcionario aclaró que no se puede exigir al Estado dominicano asumir responsabilidades que no le competen, como proveer servicios de salud, educación o nacionalidad a quienes no cumplen con la ley. Además, enfatizó que ningún ciudadano o funcionario debería comprometer los recursos del Estado para enfrentar las consecuencias de la entrada irregular de extranjeros, lo que infringe las leyes nacionales.
Rosario subrayó que los derechos colectivos, o de tercera generación, reconocen el derecho de los pueblos a la autodeterminación, como lo establece el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que otorga a los pueblos la facultad de definir su condición política y promover su desarrollo económico, social y cultural.
El viceministro lamentó que aquellos que han defendido la soberanía nacional ante estas presiones internacionales hayan sido aislados y difamados, y subrayó que la defensa de la nación no permite términos medios: «La protección de nuestra patria es clara: o se defiende o se pone en peligro, sin lugar para ambigüedades o manipulaciones», afirmó.
Finalmente, Rosario recordó que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que cada Estado debe respetar y garantizar los derechos de quienes se encuentran bajo su jurisdicción, siempre que estas personas estén sujetas a sus leyes. Planteó la pregunta: «¿Puede un ciudadano o funcionario dominicano, por razones personales, disponer de los recursos del pueblo para beneficiar a extranjeros?»
En respuesta, Rosario afirmó que ninguna persona tiene el derecho de comprometer los recursos que forman parte de la soberanía nacional, y advirtió que cualquier acción que se tome a espaldas del pueblo podría contravenir el derecho internacional y las tradiciones del derecho público en América, así como la historia dominicana.
