La Reforma Constitucional de 2024: Una Oportunidad Perdida para Fortalecer la Democracia
Li.c. Yohanny González Morel/ Abogado
La reciente reforma a la Constitución de la República Dominicana de 2024 ha generado un importante debate, no solo por las modificaciones en algunos de sus artículos, sino también por las oportunidades que ha dejado pasar para fortalecer nuestra democracia y mejorar la administración electoral en el país. Desde una perspectiva de derecho constitucional y administrativo, esta reforma plantea algunos beneficios; sin embargo, sus desventajas y omisiones merecen una reflexión profunda, especialmente en lo que respecta a la representación democrática y la eficiencia en los procesos electorales.
Para empezar, entre los cambios introducidos, el artículo 178 modifica la composición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), eliminando al Procurador General de la República e integrando al Presidente del Tribunal Constitucional. En teoría, esta decisión se orienta a reforzar la independencia del CNM, limitando así la influencia del Ministerio Público y añadiendo una perspectiva constitucional en la selección y evaluación de jueces. No obstante, cabe preguntarse si realmente esta modificación garantiza mayor imparcialidad en la selección de jueces o si, por el contrario, se mantiene la puerta abierta a la politización del Consejo, como ha sucedido en los anteriores procesos de selección de los jueces de las llamadas “Altas Cortes”.
Por otro lado, otro cambio significativo es la reducción de la matrícula de diputados en el artículo 81. Esta medida, que se argumenta como un esfuerzo por optimizar la representación, presenta en realidad un riesgo para la diversidad democrática en el Congreso, particularmente en las circunscripciones de menor densidad poblacional. La disminución de la representación directa limita inevitablemente el poder del pueblo y resta pluralidad a las voces de distintas regiones del país, lo que constituye un retroceso en términos de representatividad democrática. Así, en lugar de consolidar un sistema de mayor inclusión, esta reforma debilita la posibilidad de una representación genuina y plural en el órgano legislativo. Contrario al populismo mediático que sostiene todo lo contrario, y que, argumenta una cuestión de ahorro significativo para el Estado.
Sin embargo, quizás el aspecto más controversial de la reforma es la unificación de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales en un mismo día. Esta decisión no solo resulta innecesaria, sino que también representa una carga logística considerable para los colegios electorales. Desde el punto de vista del derecho administrativo, esta unificación compromete la organización y eficiencia del proceso electoral, ya que obliga a las autoridades a gestionar tres elecciones simultáneamente. Como consecuencia, se genera una sobrecarga en los miembros de los colegios electorales, además de un mayor riesgo de errores en el proceso de conteo. En este sentido, la separación de elecciones en intervalos de dos años habría sido la solución ideal para descongestionar el calendario electoral y permitir una concentración adecuada en cada elección. Distribuir las elecciones de esta forma no solo facilita la administración electoral, sino que también favorece una participación más enfocada y consciente del electorado, quien de esta manera puede evaluar con mayor precisión el desempeño de sus representantes en cada instancia.
Por estas razones, unificar las elecciones es una decisión que, lejos de simplificar, complica la gestión electoral y la supervisión democrática, ya que convierte el proceso en un evento abrumador tanto para los votantes como para quienes administran las elecciones.
Así las cosas, la reforma constitucional de 2024 intenta abordar ciertos aspectos de independencia y eficiencia en la administración de justicia; sin embargo, su implementación deja mucho que desear en términos de representatividad y administración electoral. Reducir la representación en el Congreso y concentrar el poder de elección en un solo día despoja a la ciudadanía de una oportunidad de ejercer su derecho de manera informada y descongestiona el proceso electoral a expensas de la calidad de la representación. Más allá de los beneficios que algunos cambios puedan aportar, esta reforma representa una oportunidad perdida para consolidar una democracia más justa y participativa. Por ello, es necesario reflexionar sobre el camino hacia una Constitución que realmente responda a las necesidades del pueblo dominicano y no solo a las demandas de la coyuntura política.
