VNEZUELA.- La Fiscalía de Venezuela inició el 22 de noviembre de 2024 una nueva investigación contra la líder opositora María Corina Machado, acusada de «traición a la patria» por presuntamente «conspirar» con el gobierno de Joe Biden para promover en Estados Unidos un proyecto de ley que buscaba aumentar el aislamiento económico del régimen de Nicolás Maduro.
Mediante un comunicado publicado en Instagram, el Ministerio Público (MP) informó que la decisión de abrir esta investigación contra Machado se tomó por su «promoción y apoyo a este proyecto de ley que patrocina graves actos delictivos contra el pueblo venezolano».
El MP detalló que las declaraciones públicas de Machado respecto a dicho proyecto de ley la vinculan directamente con delitos de traición a la patria, conspiración con gobiernos extranjeros y asociación para delinquir. El miércoles pasado, Machado había advertido sobre las posibles repercusiones para el gobierno de Maduro si el proyecto de ley avanzaba.
En sus declaraciones, Machado destacó: «La ley Bolívar (oficialmente conocida como Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela) envía un mensaje claro al régimen: la represión y las actividades criminales tendrán consecuencias y no podrán ser normalizadas». Sin embargo, aclaró que la ley debe ser aprobada por el Senado para entrar en vigor.
Por su parte, Maduro descalificó la ley Bolívar, calificándola de «basura» y advirtiendo que los opositores que la respalden estarán cometiendo delitos y deberán afrontar «consecuencias judiciales», aunque no especificó cuáles.
El jueves, el Parlamento bajo control chavista aprobó la discusión de una ley orgánica que pretende inhabilitar políticamente a aquellos que soliciten a países, «grupos o asociaciones terroristas» que impongan sanciones económicas a Venezuela. Este proyecto de ley fue aprobado de manera unánime, y el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, subrayó que la inhabilitación política debe ser permanente.
La ley Bolívar fue propuesta por los congresistas estadounidenses Mike Waltz, republicano de Florida, y Debbie Wasserman Schultz, demócrata, quienes consideran que Estados Unidos debe mantener las sanciones contra el régimen de Maduro y buscar expandirlas para reducir los recursos del gobierno venezolano y evitar que abuse de las libertades y prosperidad del pueblo.
