SANTO DOMINGO.- El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este lunes medidas de coerción para los diez imputados en el caso denominado Pandora, una red acusada de robar más de 900,000 municiones de los almacenes de la Policía Nacional para comercializarlas de forma ilegal, algunas de las cuales llegaron a Haití.
Medidas de coerción impuestas
Después de escuchar los argumentos del Ministerio Público y las defensas, el juez ordenó prisión preventiva para siete de los acusados, mientras que los demás deberán cumplir medidas alternativas. Las decisiones tomadas fueron las siguientes:
- Prisión preventiva en la Cárcel de Operaciones Especiales para: – Coronel Narciso Antonio Féliz Romero: Responsable de la custodia de armas y municiones. – Juan Miguel Pérez Soler: Subintendente de la Policía Nacional. – Capitán Nelson Valdez: Encargado del depósito de armas, municiones y equipo. – Segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio: Armero de la Dirección Regional Cibao Central. – Cabo Juan Luis Díaz Medina. – Raso Rubiel Martínez. – Raso Moreibin Medina Pérez.
- Garantía económica, prohibición de salida y presentación periódica: – Capitán Víctor Manuel Santos: Auditor, con una garantía económica de RD$3 millones. – Sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat: Obligado a pagar RD$2 millones como garantía.
- Arresto domiciliario: – Miguelina Bello Segura, la única civil involucrada.
Acusaciones del Ministerio Público
El caso Pandora está relacionado con una compleja red de corrupción y tráfico ilícito de municiones, que involucra tanto a altos oficiales como a agentes de rangos medios y bajos de la Policía Nacional. Las investigaciones revelaron que los implicados robaron municiones utilizando sus posiciones de confianza en los depósitos y áreas de custodia.
El Ministerio Público señaló que las municiones fueron desviadas al mercado negro, poniendo en riesgo la seguridad pública y agravando la situación en Haití, donde se cree que parte de las armas llegaron. Este caso ha sido calificado como un ejemplo de cómo las redes internas pueden comprometer la institucionalidad de las fuerzas de seguridad nacionales.
Antecedentes del caso
La Operación Pandora comenzó tras una denuncia interna dentro de la Policía Nacional sobre irregularidades en el inventario de municiones. Las investigaciones, llevadas a cabo conjuntamente por el Ministerio Público y la Dirección de Investigaciones Criminales, destaparon un esquema sistemático de desvío de municiones, en el que estuvieron involucrados tanto oficiales de alto rango como personal subalterno.
El nombre «Pandora» hace referencia a la apertura de una «caja de sorpresas», simbolizando el impacto y la magnitud del descubrimiento en los círculos policiales y criminales.
Próximos pasos
El Ministerio Público tiene un plazo para formalizar la acusación, mientras continúan las investigaciones. Además, se prevén acciones disciplinarias dentro de la Policía Nacional contra los involucrados.
