MADRID.- El juez del caso Koldo, Ismael Moreno, interroga este martes a dos socios del comisionista Víctor de Aldama y a su secretaria por su relación en la trama de las mascarillas, los test PCR en aeropuertos de Canarias y Baleares, o los pagos al comandante de la Guardia Civil investigado en esta causa.
Estos tres imputados -Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y María Piedad Losada, quien habría hecho labores de secretaria para el comisionista- declaran después de que este lunes hayan comparecido otros dos socios de De Aldama, Luis Alberto Escolano y César Moreno.
Ambos, que solo accedieron a contestar a las preguntas de sus respectivos abogados, se limitaron a desvincularse de los contratos de compra de mascarillas investigados en esta causa, y obviaron interrogarles por los demás aspectos de la trama por los que aparecen implicados en los informes de la UCO de la Guardia Civil.
Al inicio de la investigación, la Guardia Civil encontró un chat denominado ‘los cuatro mosqueteros’, en el que figuraban Díaz Tapia, Serrano y Moreno con De Aldama. Estos habrían también colaborado con el comisionista en la despatrimonialización de sus fondos.
Las conversaciones en ese chat dejan además constancia de unos movimientos que la UCO interpreta como pagos al asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, a través de su hermano en República Dominicana, suposición que De Aldama corroboró en su declaración.
En sus informes, la UCO sostiene que De Aldama «mantiene bajo sus directrices al resto de socios detenidos con él (Díaz Tapia, Serrano, César)», y que, entre otras cosas, se encargaban de la gestión, localización y entregas de dinero en efectivo al comandante Rubén Villalba, que, según lo investigado, recibía de De Aldama 2.000 euros de manera mensual.
La UCO sostiene también que De Aldama y sus socios, además de con las mascarillas, se lucraron con los test de Covid aprovechando «la ventana de oportunidad que proporcionaba la relación privilegiada» con altas instancias del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos.
Utilizaron para ello la empresa Fertinvest Consulting, contando con su socio Eurofins Megalab, y ofrecieron introducirlos en aeropuertos de Canarias y Baleares a los expresidentes regionales Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, respectivamente.
Díaz Tapia llegó a hablar por teléfono de este asunto con Torres gracias a la intermediación de Koldo García y se presentó ante el expresidente canario como «Nacho Díaz, del laboratorio Eurofins». La Guardia Civil ha detectado tres contratos para los test de control de pasajeros por un total de 5,3 millones de euros.
María Piedad Losada también aparece en los informes de la UCO como secretaria y «responsable gestora de las sociedades» del comisionista del caso Koldo, así como en conversaciones relativas a la casa
La Guardia Civil menciona también que De Aldama puso a su secretaria a disposición del exministro Ábalos «para cuestiones de índole particular» y destaca una conversación entre Losada y el comisionista en la que le informa de sus reuniones en el Ministerio.
Figura también en conversaciones con De Aldama para hacerse con el chalet en la urbanización La Alcaidesa, en Cádiz, que disfrutó el exministro José Luis Ábalos en 2021.
Este inmueble lo puso la trama a su disposición en contraprestación a las adjudicaciones de los contratos de compra de mascarillas a Soluciones de Gestión y a las gestiones de habilitación de la empresa de hidrocarburos Villafuel, cuyo propietario Claudio Rivas, en prisión por la causa de Hidrocarburos, fue quien corrió «con los gastos derivados» del pago de la casa.
La salida de Ábalos del ministerio, el 10 de julio de 2021, dejó comprometida la concesión a Villafuel, lo que impidió al exministro quedarse con el chalé, según explica la Guardia Civil en su informe. EFE
Fuente: Infobae
