Según esas mismas fuentes, el exasesor de José Luis Ábalos quiere «explicar su visión» de los hechos en los que el Supremo ha centrado la investigación –ceñidos en estos momentos a los contratos para la adquisición de mascarillas por parte de los ministerios de Transportes e Interior y de los gobiernos autonómicos balear y canario cuando los presidían Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, y el ahora ministro Ángel Víctor Torres, respectivamente.

Y es que, recalcan, el Tribunal Supremo «ha centrado el procedimiento» abierto contra Ábalos, y ampliado después al empresario Víctor de Aldama y al propio Koldo, delimitando el objeto de la causa penal a esas adjudicaciones bajo sospecha. Por este motivo, subrayan, quien fuera «mano derecha» de Ábalos «no entrará a replicar a Aldama», quien le acusó de cobrar 100.000 euros únicamente por su intermediación en la adjudicación de esos contratos, además de obtener supuestos pagos en especie. «Su intención es colaborar en todo lo posible, pero en relación al tema de las mascarillas», insisten.

Pero la petición de aplazamiento de Ábalos puede dar al traste con esa intención de explicarse ante el juez. A la espera de que el instructor se pronuncie, y con la expectativa de un posible aplazamiento en bloque de las declaraciones de los tres investigados, la defensa de Koldo García prefiere que declare después del ex ministro y Aldama, como estaba previsto, por lo que si finalmente no es así esa declaración podría incluso no producirse, acogiéndose por tanto a su derecho a no declarar.

Y es que de la declaración de Aldama y Ábalos en el Tribunal Supremo explican las fuentes consultadas depende en buena medida que finalmente Koldo García responda también a la Fiscalía. El exministro ya ha comunicado al Supremo que no está dispuesto a declarar de forma voluntaria el día 16, pero tanto Aldama como Koldo no están aforados y tienen la obligación de acudir al emplazamiento judicial. Así las cosas, y si el magistrado Leopoldo Puente no aplaza las tres declaraciones, ambos se verían forzados a comparecer en el Supremo antes que el exministro socialista, aunque como cualquier investigado pueden acogerse a su derecho a no declarar.