MADRID.- La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investiga al empresario español Domingo Gutiérrez Andrés, administrador de varias empresas del sector de la construcción, como el presunto enlace en República Dominicana con la ‘trama Koldo’ al sospechar que abonaba comisiones en metálico a la red.

Los informes de la Guardia Civil evidencian, de hecho, estos pagos realizados desde el país sudamericano, producidos a través de Joseba García, el hermano del exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García.

La UCO ha detectado una conversación telefónica mantenida entre Joseba y Koldo que, posiblemente, «haga referencia a un posible vuelo a República Dominicana» y que podría apuntar directamente a este constructor. «Confirmado domingo», le dice Joseba a Koldo García tras hablar con el principal comisionista de la trama, Víctor de Aldama.

Este último, precisamente, aseguró en su competencia ante la Audiencia Nacional que Joseba García «solamente viajaba para eso», en referencia, a la gestión de las cantidades de dinero que, según su testimonio, se repartía entre Koldo y el exministro de Transportes. Aldama, además, afirmó que el dinero en metálico provenía del negocio de la construcción y que entre Ábalos y Koldo percibieron más de 350.000 euros. Los investigadores exponen, en concreto, dos viajes de Joseba a República Dominicana: el primero, del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2021; el segundo, del 13 al 16 de diciembre de ese mismo año. Ambos viajes, según el informe presentado al juez, están directamente relacionados con la trama de comisiones ilegales.

Domingo Gutiérrez es administrador de la hotelera El Muelle de Suances y figura, según datos del Registro Mercantil, como socio y gerente de la sociedad Construcciones Sofia y Domingo Gutiérrez SL. Ambas entidades, no obstante, cesaron su actividad en 2021. En paralelo, y según fuentes consultadas por este periódico, Domingo Gutiérrez habría sido detenido, precisamente, en República Dominicana después de que los agentes encontraran en su residencia municiones de alto calibre y armas de fuego ilegales.

Este constructor, sin embargo, no sería el único que podría haber actuado como enlace entre los miembros de la ‘trama Koldo’. De acuerdo con distintas fuentes consultadas, el empresario Juan Ignacio Cobo Ugarte podría también estar relacionado con la gestión del dinero desde España. De hecho, su nombre figura entre los antiguos administradores de la hotelera El Muelle de Suances, ahora administrada por Gutiérrez Andrés. Cobo Ugarte, además, estuvo implicado en el caso de la ‘casa de los Gorilas’ en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno por el que la sociedad Cantur se adjudicó las obras del recinto y contó con la contratación de Cobo Ugarte como constructor. El recinto se convirtió en un escándalo político y judicial tras conocerse que las obras de construcción se habían comenzado sin las licencias previas.

Otras conexiones

El informe de la UCO pone de manifiesto también «la vinculación de Aldama» con otros paises de Hispanoamérica como México y Venezuela, «así como la relación de estos vínculos con su papel en el MITMA». Estas conexiones en el extranjero permitieron al comisionista ampliar «su red de contactos, identificándose personalidades del más alto nivel político, empresarial y social», concluyen los agentes. De hecho, tres meses después de que Ábalos entrase en el Ministerio de Transportes, mantuvo conversaciones con el Pedro Miguel Haces, miembro del Senado de México, para crear una línea directa de Madrid a Oaxaca con vuelos de Air Europa; pues, en ese momento, Aldama era cónsul honorario de España en el país mexicano y consejero de Globalia, la matriz de la aerolínea.

Las visitas de Aldama a México fueron, de hecho, constantes por aquel entonces. Junto a él, acudían Ábalos y su exasesor con el objetivo de estrechar lazos en aquella región. Uno de los encuentros, al que también se desplazó el exconsejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, se produjo el 5 de enero de 2019; precisamente, pocos meses después, Air Europa fue rescatada por parte del Gobierno con 475 millones de euros.

Fuente: Ángela Poves/ El Economista