«Hacia una Regulación Integral del Derecho de Propiedad en las Zonas Fronterizas de la República Dominicana: Un Imperativo Jurídico y Estratégico»

Henry Morales Sánchez
Yohanny González Morel

República Dominicana enfrenta desafíos importantes en su extensa frontera terrestre con Haití, una región que, además de separar a ambas naciones, representa un área de alta sensibilidad estratégica. La frontera no solo tiene un valor geopolítico, sino que también está marcada por problemas complejos como la migración irregular, la pobreza, el desarrollo desigual, la deforestación y un creciente interés por la adquisición de tierras en estas áreas. Estas circunstancias han despertado preocupaciones legítimas respecto al control del territorio y la preservación de la soberanía nacional, elementos esenciales para cualquier país que aspire a mantener su integridad territorial.

A pesar de la relevancia de estas provincias fronterizas, el marco jurídico dominicano no incluye aún una legislación específica que regule la adquisición de tierras en estas zonas. Aunque la Constitución establece la importancia de proteger la soberanía y garantizar un uso racional de los recursos naturales, no se han promulgado leyes que limiten o controlen la compra y venta de tierras. Esto genera un vacío normativo que podría derivar en riesgos significativos, como la concentración de terrenos estratégicos en manos extranjeras, con consecuencias potencialmente negativas para la seguridad y el desarrollo sostenible del país.

Otros países de la región han adoptado normativas específicas que buscan proteger sus fronteras mediante restricciones en la adquisición de tierras. Paraguay, por ejemplo, prohíbe que extranjeros originarios de países limítrofes compren propiedades en una franja de 50 kilómetros desde la frontera, mientras que México establece que los extranjeros no pueden poseer tierras dentro de los 100 kilómetros desde las fronteras terrestres ni a 50 kilómetros de las costas, salvo excepciones reguladas. Chile, por su parte, limita la adquisición de propiedades en una franja de 10 kilómetros desde sus fronteras, salvo autorización expresa del gobierno. Estas medidas tienen en común la intención de proteger la soberanía nacional y garantizar un desarrollo ordenado en áreas sensibles. En la República Dominicana, adoptar un enfoque similar podría prevenir riesgos asociados a la adquisición masiva de tierras por actores externos, estableciendo límites claros que salvaguarden la integridad del territorio.

La regulación de las zonas fronterizas no solo representa una herramienta para fortalecer la soberanía, sino que también podría ser un motor para promover inversiones responsables alineadas con los intereses nacionales. Una normativa específica permitiría fomentar proyectos que impulsen el desarrollo local y respeten criterios de sostenibilidad ambiental. Esto incluye iniciativas que generen empleo, mejoren la infraestructura y ofrezcan acceso a servicios básicos, ayudando a reducir las desigualdades históricas que han afectado a estas regiones. Asimismo, la creación de incentivos fiscales o financieros podría atraer inversiones en sectores prioritarios como la agricultura sostenible, la energía renovable y el ecoturismo, actividades que combinan un alto impacto económico con la preservación de los recursos naturales.

Otro aspecto crucial sería garantizar que las provincias fronterizas, que albergan una biodiversidad y recursos naturales significativos, estén protegidas frente a su explotación indiscriminada. Una regulación adecuada podría incluir requisitos específicos para evaluar el impacto ambiental de cualquier proyecto relacionado con la adquisición o uso de tierras, asegurando que se implementen medidas para mitigar los efectos negativos y fomentar la sostenibilidad. Además, sería fundamental establecer un sistema de supervisión y control efectivo, con un organismo estatal encargado de monitorear las transacciones de tierras en estas áreas estratégicas y aplicar sanciones claras para quienes incumplan las disposiciones legales.

La importancia de proteger estas zonas queda reflejada también en las experiencias de países vecinos como Haití, donde la Constitución prohíbe que extranjeros sean propietarios de inmuebles en áreas fronterizas. Esto subraya la necesidad de garantizar el control nacional sobre las tierras en regiones críticas, reconociendo que estas medidas son esenciales para preservar la soberanía territorial y promover un uso adecuado de los recursos. En el caso dominicano, estas lecciones internacionales pueden servir como modelo para diseñar una normativa que equilibre los derechos individuales con los intereses colectivos, ofreciendo un marco jurídico que garantice la protección del territorio, fomente un desarrollo sostenible y respalde el bienestar de las comunidades locales.

En este contexto, es esencial que cualquier legislación que se adopte contemple la participación activa de los habitantes de las zonas fronterizas en la planificación y toma de decisiones, asegurando que sus perspectivas sean valoradas y que se respeten sus derechos de propiedad existentes. Este enfoque inclusivo podría ser complementado con políticas que prioricen el desarrollo económico y social de estas comunidades, creando condiciones para transformar estas áreas históricamente marginadas en polos de oportunidades y crecimiento. De este modo, la República Dominicana no solo podría alinear sus políticas con estándares internacionales, sino también fortalecer su posición frente a los desafíos actuales, garantizando que las futuras generaciones puedan beneficiarse de los recursos y potencial de estas regiones estratégicas.

La falta de regulación en las zonas fronterizas plantea riesgos que no pueden ser ignorados. El diseño e implementación de una ley que limite la adquisición de tierras por extranjeros, fomente la inversión responsable y proteja los recursos naturales no es solo una cuestión de seguridad nacional, sino también una necesidad estratégica para promover un desarrollo inclusivo y sostenible. Esta normativa representaría una herramienta crucial para garantizar el control territorial, consolidar la soberanía y asegurar que las provincias fronterizas sean parte integral del futuro económico y social de la República Dominicana. Urge, por tanto, avanzar hacia un marco jurídico que combine el desarrollo estratégico con la conservación ambiental, marcando un camino hacia un país más seguro, próspero e inclusivo.