Santo Domingo, 16 de abril de 2025 – El abogado Jorge Luis Polanco presentó este martes su renuncia como coordinador del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), tras asumir la representación legal del empresario Antonio Espaillat, gerente general de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., propietaria de la discoteca Jet Set, cuyo colapso ha dejado un saldo trágico de al menos 231 personas fallecidas.

En una carta dirigida al presidente de la República, Luis Abinader, Polanco explicó que su decisión responde a un criterio de ética profesional y compromiso con la transparencia, ante la magnitud del suceso que ha conmocionado a la sociedad dominicana.

“Considero necesario actuar con absoluta transparencia, evitando cualquier posible confusión de funciones o interpretaciones erróneas por parte de la opinión pública”, expresó el jurista en su misiva de renuncia.

El mismo día en que se formalizó esta renuncia, también se hizo pública una comunicación enviada por Antonio Espaillat a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, en la que manifiesta su disposición para colaborar con el Ministerio Público en las investigaciones relacionadas con el colapso de la infraestructura del centro de entretenimiento.

La carta, firmada por Espaillat y por su abogado Jorge Luis Polanco, destaca el compromiso del empresario con el proceso de esclarecimiento de los hechos. En el documento se establece que Espaillat “acoge con seriedad y compromiso el curso de tales investigaciones” y reitera su voluntad de cooperar plenamente con las autoridades competentes.

Además, el empresario formalizó la designación de Polanco como su representante legal y enlace oficial ante las instituciones encargadas del caso.

La renuncia de Jorge Luis Polanco del ERPP se produce en un contexto especialmente delicado, en el que se espera el inicio de complejos procesos judiciales tanto en el ámbito penal como civil. Su decisión ha sido interpretada como una medida preventiva para preservar la integridad institucional del equipo que lideraba, así como para garantizar que su rol como defensor legal no interfiera con su anterior responsabilidad pública.