Washington D.C., 18 de abril de 2025 – El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido intervenir directamente en el debate sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento, un asunto de gran relevancia constitucional y social. La máxima instancia judicial del país ha aceptado revisar el caso de manera expedita, sin esperar a que las cortes inferiores se pronuncien previamente.

El caso gira en torno a un decreto impulsado por el expresidente Donald Trump durante el primer día de su segundo mandato, el cual redefine los criterios para otorgar la ciudadanía automática a quienes nacen en territorio estadounidense. Esta medida fue suspendida de forma cautelar por tres jueces federales, pero la Administración Trump solicitó al Supremo que se levantara esa suspensión, lo que ha derivado en la intervención directa del tribunal.

A pesar de que el Supremo suele esperar a que otros tribunales analicen estos casos, ha optado por asumirlo sin demora mediante una resolución no firmada, un procedimiento habitual, aunque en este contexto llama la atención por su rapidez.

De momento, la suspensión del decreto continúa vigente hasta que el Alto Tribunal emita una decisión definitiva.

Este caso se perfila como el más relevante del actual ciclo judicial, caracterizado por una agenda menos polémica que en años anteriores. El foco está puesto en la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868, que establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en que residen».

Históricamente, esta cláusula fue fundamental para garantizar los derechos de ciudadanía a personas anteriormente excluidas, como los descendientes de africanos y asiáticos, tal como se reconoció en el histórico fallo de 1898 en el caso Estados Unidos v. Wong Kim Ark. Desde entonces, se ha entendido que cualquier niño nacido en el país adquiere automáticamente la ciudadanía, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Sin embargo, el nuevo decreto de Trump introduce una interpretación restrictiva de la expresión “sujetas a su jurisdicción”, excluyendo de la ciudadanía automática a los hijos de personas en situación irregular o con estancias legales temporales, como turistas, estudiantes o trabajadores con visado, si el otro progenitor tampoco tiene residencia legal o ciudadanía estadounidense.

El expresidente y sus partidarios defienden esta medida argumentando que la ciudadanía estadounidense es “un regalo invaluable” y debe estar sujeta a criterios más estrictos.

La resolución que emita el Tribunal Supremo podría redefinir un principio constitucional vigente desde hace más de un siglo y tendrá implicaciones profundas para millones de personas nacidas en suelo estadounidense.