Santo Domingo. — El Poder Ejecutivo ha autorizado a seis nuevas instituciones del Estado dominicano a efectuar contrataciones y adquisiciones bajo el régimen especial de seguridad nacional, según lo establecido en los decretos 186-25 y 205-25, emitidos los días 3 y 14 de abril de 2025, respectivamente. Esta medida eleva a catorce el total de entidades habilitadas para gestionar compras sin los procedimientos ordinarios de licitación pública, amparadas en criterios de urgencia, confidencialidad y protección estratégica.

Las instituciones recientemente incorporadas a este régimen son el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), la Dirección General de Pasaportes, el Departamento Aeroportuario, el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Migración (DGM) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Estas entidades se suman a un conjunto de organismos ya autorizados previamente, entre los que se encuentran:

• Ministerio de la Presidencia, como órgano rector del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS).

• Ministerio de Interior y Policía (MIP).

• Ministerio de Defensa (MIDE).

• Ejército de la República Dominicana.

• Armada de la República Dominicana.

• Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD).

• Policía Nacional (PN).

• Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El régimen de seguridad nacional

Las compras realizadas bajo este régimen especial se reservan para situaciones catalogadas como amenazas a la seguridad nacional, tanto de origen interno como externo. Según lo estipulado en el artículo 2 del Decreto 111-22, se consideran de seguridad nacional aquellas amenazas que pongan en riesgo la soberanía, independencia, integridad territorial, o la vida y libertad de la población.

Las contrataciones autorizadas en este contexto incluyen, entre otros rubros, la adquisición de:

• Armas letales y no letales, municiones, chalecos antibalas y bombas de gas para control de disturbios.

• Vehículos de combate, como aeronaves, drones, embarcaciones tácticas y sus respectivos repuestos.

• Sistemas de vigilancia y detección, incluidos radares terrestres, navales y aéreos.

• Software y hardware de seguridad informática, así como otros equipos tecnológicos avanzados destinados a la defensa nacional o la seguridad ciudadana.

• Servicios de consultoría técnica especializada, exclusivamente orientados a estos fines.

Esta modalidad de contratación permite a las instituciones actuar con mayor agilidad y confidencialidad, especialmente en contextos que demandan respuestas rápidas frente a riesgos o amenazas emergentes. No obstante, su uso ha generado debates sobre la necesidad de mantener altos niveles de transparencia y fiscalización para evitar posibles abusos o discrecionalidad en el manejo de fondos públicos.

Con esta ampliación, el gobierno fortalece su infraestructura institucional en materia de defensa, inteligencia y control migratorio, en medio de un panorama regional marcado por crecientes desafíos en seguridad fronteriza, ciberseguridad y crimen organizado.