Según un artículo de Diario Libre, en 2024, el gobierno dominicano destinó más de RD$37,000 millones a subsidios sociales, específicamente a los programas Bonogas y Aliméntate. Esta cifra supera los RD$18,200 millones que el Estado dejaría de recaudar anualmente si cumpliera con la Ley 11-92 del Código Tributario, que establece la indexación salarial anual para ajustar los salarios exentos del Impuesto sobre la Renta (ISR). Desde 2017, el gobierno ha congelado esta indexación, lo que ha generado una pérdida fiscal significativa.
El economista Richard Medina estima que la no aplicación de la indexación ha resultado en una pérdida de RD$18,200 millones al año. Por otro lado, Nelson Suárez calcula que, entre enero y agosto de 2022, el gobierno recaudó RD$10,424.2 millones por la no indexación acumulada de la escala exenta del ISR, aunque reconoce que esta cifra es conservadora. Ambos coinciden en que la congelación de la indexación salarial ha tenido un impacto fiscal considerable.
El presidente Luis Abinader ha defendido la política de subsidios, argumentando que son una inversión en capital humano. Sin embargo, organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han recomendado reducir los subsidios para garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
En resumen, el gobierno dominicano gasta más en subsidios sociales que lo que dejaría de recaudar si aplicara la indexación salarial, lo que plantea interrogantes sobre la eficiencia y sostenibilidad de las políticas fiscales actuales.
