Washington, D.C. — Un nuevo operativo del Ejército de Estados Unidos contra una embarcación sospechosa de transportar drogas en el Pacífico oriental resultó en la muerte de cuatro individuos, informaron este jueves autoridades estadounidenses. El incidente eleva a 87 el total de fallecidos en acciones similares llevadas a cabo en el Pacífico y el Caribe.

Según el reporte oficial, el ataque se dirigió contra una lancha que navegaba en aguas internacionales y que, de acuerdo con las agencias de inteligencia, era operada por una organización clasificada como terrorista. El Comando Sur confirmó mediante una publicación en la red X que la embarcación trasladaba narcóticos ilícitos y se desplazaba por una ruta identificada como corredor habitual del narcotráfico.

En el comunicado se precisó que los cuatro hombres a bordo, señalados como “narcoterroristas”, murieron durante la ofensiva. La publicación estuvo acompañada de un video donde se observa una lancha de múltiples motores avanzando a gran velocidad antes de ser alcanzada por una explosión que la envuelve en llamas.

El mensaje del Comando Sur también indica que la orden de ataque fue emitida por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien se encuentra bajo fuerte escrutinio mediático luego de que el Washington Post revelara que, en septiembre, fuerzas estadounidenses habrían autorizado un segundo ataque en el Caribe para eliminar a dos sobrevivientes de un primer disparo contra otra embarcación.

Hasta el momento, las fuerzas armadas no han ofrecido detalles sobre la organización criminal que supuestamente operaba la lancha atacada en esta ocasión.

Este mismo jueves, el almirante Frank Bradley compareció ante el comité de Fuerzas Armadas del Senado en una sesión a puerta cerrada, en el marco de una investigación sobre la legalidad de las operaciones militares realizadas bajo la campaña antinarcóticos impulsada por el presidente Donald Trump.

El mandatario adelantó esta semana que su administración se prepara para iniciar operaciones en territorio venezolano con el objetivo de desarticular redes vinculadas al tráfico de drogas.

Las acciones de la campaña estadounidense en zonas cercanas a Venezuela y Colombia ya han generado procesos legales por presuntas violaciones a derechos humanos. Entre ellos destaca una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el equipo jurídico del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien denunció la posible ejecución extrajudicial de un pescador colombiano durante una operación estadounidense en el Pacífico.