Santo Domingo, República Dominicana.- El Congreso Nacional de la República Dominicana se encuentra evaluando un ambicioso proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, que busca modernizar el marco legal de la comunicación digital en el país. En su Capítulo IV, la propuesta introduce por primera vez un régimen especial para plataformas de contenido en internet, incluyendo redes sociales, motores de búsqueda y otras plataformas digitales de uso masivo.

El principal objetivo de esta legislación es garantizar la libertad de expresión y los derechos digitales de los usuarios dominicanos, al tiempo que se exige mayor transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad a las grandes empresas tecnológicas que operan en el país.

¿A quiénes aplicaría esta regulación?

El proyecto establece que estas obligaciones serán vinculantes únicamente para plataformas comerciales que moderen contenidos y que tengan al menos el 10 % de los usuarios de internet en la República Dominicana. Esto incluye redes sociales y motores de búsqueda, pero excluye servicios de mensajería privada, como WhatsApp o Telegram, siempre que no realicen moderación de contenido.

Principales disposiciones del proyecto

Entre los aspectos más destacados del régimen propuesto figuran:

• Términos de servicio transparentes: Las plataformas deberán redactar sus condiciones de uso en español claro, e informar de manera inmediata cualquier modificación.

• Normas para suspensiones y bloqueos: El proyecto exige que se establezcan criterios públicos y objetivos sobre cuándo y cómo pueden suspender cuentas o restringir contenido.

• Personalización de la experiencia del usuario: Se obliga a las plataformas a explicar cómo jerarquizan contenidos y permitir al usuario ajustar su experiencia digital.

• Transparencia algorítmica: Las empresas deberán ofrecer información sobre el funcionamiento de sus algoritmos, aceptar auditorías independientes y etiquetar toda forma de publicidad o propaganda política.

• Garantías procesales para usuarios: Se consagra el derecho de los ciudadanos a ser notificados antes de que se apliquen medidas restrictivas —excepto en situaciones excepcionales— y a impugnar decisiones mediante canales gratuitos y rápidos, en español, con respaldo legal local.

Protección contra desindexación injustificada

El texto también protege el derecho de acceso a la información: la remoción de contenido de los resultados de búsqueda solo será posible por orden judicial, y siempre que se demuestre un daño comprobable a la dignidad o vida privada de una persona. Esta medida no se aplicará cuando la información tenga interés público o se refiera a figuras relevantes, como autoridades, funcionarios o líderes de opinión.

Responsabilidad civil de las plataformas

Otro elemento clave es que las plataformas digitales no serán responsables por los daños ocasionados por contenido de terceros, salvo que, tras una orden judicial, incumplan con el retiro del material considerado ilícito.

Con esta iniciativa, el Congreso Nacional se propone equilibrar la protección de los derechos fundamentales de los usuarios en el entorno digital con la necesidad de regular el poder creciente de las plataformas tecnológicas. El proyecto se encuentra aún en fase de análisis en comisión, pero ha generado amplio interés entre sectores vinculados a la tecnología, el derecho digital, el periodismo y la sociedad civil