SANTO DOMINGO.- El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) ha anunciado la disponibilidad de aproximadamente 300 millones de pesos para que la Procuraduría General de la República implemente un sistema de bloqueadores de señal en las cárceles del país.
Durante su sesión 036-2025, celebrada el pasado jueves, el Consejo Directivo de INDOTEL aprobó la asignación de estos fondos. Con esta inversión, INDOTEL reafirma su compromiso de crear un entorno digital seguro, priorizando tecnologías que mejoren la seguridad en el sistema penitenciario.
En una carta dirigida a la procuradora general, Miriam Germán Brito, el presidente de INDOTEL menciona que esta disponibilidad de fondos surge de estadísticas que generan preocupación en la sociedad, buscando erradicar los delitos perpetrados desde las cárceles.
Para asegurar un manejo adecuado de los recursos, INDOTEL ha solicitado a la Dirección General de Presupuesto que supervise y controle los fondos destinados al proyecto, garantizando así la transparencia y efectividad en su ejecución.
El presidente de INDOTEL subrayó que los 300 millones de pesos permitirán a la Procuraduría realizar la licitación para la compra de los bloqueadores de señal. “INDOTEL proporcionará los recursos, pero la licitación estará a cargo de la Procuraduría,” destacó Gómez Mazara.
El proyecto comenzará con la instalación de bloqueadores en cuatro centros penitenciarios estratégicos: El Pino, en La Vega; el Centro de Corrección y Rehabilitación del 15 de Azua; Anamuya, en Higüey; y el recinto penitenciario de Santiago. Estos lugares fueron seleccionados debido a la alta incidencia de delitos cibernéticos relacionados con teléfonos móviles.
La instalación de estos dispositivos no solo garantizará la seguridad digital, sino también la seguridad nacional, al impedir que los internos utilicen tecnologías móviles para cometer fraudes, extorsiones y otras actividades ilegales que amenazan a la ciudadanía y a las empresas.
El uso indebido de teléfonos móviles en las cárceles ha facilitado la comisión de delitos cibernéticos, siendo más del 85% de las llamadas fraudulentas que afectan a ciudadanos y empresas en República Dominicana originadas en estos recintos. Esta medida busca abordar esta problemática de manera efectiva.
