
Bogotá. — La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la detención de los congresistas Iván Name y Andrés Calle, quienes fueron aprehendidos el pasado miércoles 7 de mayo en el marco de una investigación relacionada con uno de los escándalos de corrupción más graves durante el mandato del presidente Gustavo Petro.
Según el comunicado oficial del alto tribunal, los legisladores están siendo procesados por presunta participación en actos de corrupción vinculados al desvío de recursos públicos asignados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad responsable de la atención y prevención de emergencias en el país.

La Sala de Instrucción de la Corte concluyó que existen elementos jurídicos y constitucionales suficientes para ordenar la restricción de la libertad de ambos políticos mientras avanza el proceso judicial. Asimismo, se solicitó la suspensión inmediata de sus funciones como congresistas, en tanto se desarrollan las diligencias correspondientes.
Name, expresidente del Senado, y Calle, quien presidió anteriormente la Cámara de Representantes, son señalados de haber recibido sobornos por un monto cercano al millón de dólares. Estos pagos habrían sido realizados con fondos públicos desviados del presupuesto destinado a la atención de emergencias climáticas en regiones vulnerables como La Guajira. A cambio, los parlamentarios habrían facilitado la aprobación de reformas impulsadas por el Ejecutivo.
La investigación tuvo su origen en febrero de 2024, tras revelaciones periodísticas que denunciaban irregularidades en la adquisición de camiones cisterna destinados al suministro de agua potable en zonas afectadas por la sequía. Las pesquisas periodísticas detectaron sobrecostos significativos en los contratos, lo que dio pie a una investigación judicial que ha ido escalando hasta involucrar a altos funcionarios del gobierno.
Este caso ha generado una fuerte reacción en la opinión pública y reavivado los debates sobre la transparencia y el uso de los recursos públicos en Colombia. La Corte Suprema ha reiterado su compromiso con el debido proceso y la lucha contra la corrupción en todas las esferas del poder.

Las autoridades continúan recopilando pruebas y no se descartan nuevas capturas en los próximos días, mientras la nación espera respuestas claras sobre el destino de los fondos destinados a las emergencias humanitarias.