Washington D.C. — El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido este viernes mantener la suspensión que impide al presidente Donald Trump aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a más de 200 migrantes venezolanos detenidos en un centro de detención en Texas. Esta legislación, creada originalmente para situaciones de conflicto bélico, ha sido invocada por la administración Trump como fundamento legal para justificar las expulsiones.

El alto tribunal ha determinado que la medida de bloqueo continuará vigente mientras la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito evalúa los argumentos presentados por los migrantes afectados, así como por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos. Estas alegaciones se centran en la legalidad y legitimidad del uso de una ley de más de dos siglos de antigüedad en un contexto migratorio y no bélico.

Según el gobierno, los migrantes están vinculados a la organización criminal conocida como El Tren de Aragua, aunque tanto análisis independientes como declaraciones de las propias familias aseguran que la mayoría de los detenidos no posee antecedentes penales ni vínculos con actividades delictivas.

La Casa Blanca había solicitado al Supremo que levantara el bloqueo con carácter de urgencia, alegando que el país se encuentra ante una “invasión”, una afirmación que ha sido objeto de una creciente controversia legal y mediática. Esta narrativa ha sido duramente criticada por expertos en derecho y por organizaciones civiles que denuncian un uso excesivo y arbitrario de una ley pensada para enemigos del Estado en contextos de guerra declarada.

Cabe recordar que el pasado 19 de abril, el Tribunal Supremo ya había intervenido para detener la deportación de otro grupo de migrantes bajo el mismo marco legal, lo que marca un patrón de resistencia judicial ante lo que muchos consideran una interpretación expansiva y peligrosa de las facultades presidenciales en materia migratoria.

En paralelo, se ha revelado que el gobierno estadounidense mantiene un acuerdo bilateral con El Salvador para utilizar las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad en ese país centroamericano, como destino para albergar a migrantes detenidos en territorio estadounidense. Este acuerdo también ha generado críticas internacionales por las condiciones del centro penitenciario y por la legalidad de trasladar a personas detenidas fuera del territorio nacional sin un debido proceso.

Con esta decisión, el máximo tribunal del país pone un nuevo freno a los intentos del Ejecutivo de utilizar mecanismos legales extraordinarios para enfrentar la crisis migratoria, mientras sigue el curso judicial que definirá el alcance real de las facultades del presidente en este ámbito.