COLOMBIA.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este sábado (07.09.2024) que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está avanzando hacia «un golpe de Estado» al investigarlo por posibles irregularidades en la financiación de su campaña electoral. Esta semana, el periodista Daniel Coronell reveló en W Radio una investigación del CNE que concluye que la campaña de Petro en 2022 excedió los límites de gasto permitidos por la ley y utilizó fuentes de financiación prohibidas.
Petro expresó en su cuenta de X (antes Twitter): «Cada paso dado contra el presidente en el consejo electoral construye un golpe de Estado». También comentó: «¿Se quejan de Venezuela? En Colombia, avanza un golpe de Estado contra el presidente».
El presidente enfatizó que, de acuerdo con la Constitución, solo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes puede llevar a cabo una investigación penal y disciplinaria contra él, ya que el presidente goza de inmunidad.
Añadió que «la Constitución no permite que una instancia administrativa y política como el consejo electoral prepare el camino para suspender al presidente por una investigación de topes sobre la cual no tenía competencia más allá de los 30 días posteriores a la elección».
Por su parte, el CNE sostiene que tiene autoridad para investigar tanto la campaña como al presidente en el ámbito administrativo, como lo hizo previamente con las campañas de los expresidentes Iván Duque y Juan Manuel Santos, y, de ser necesario, imponer multas o solicitar la devolución de fondos.
Investigación por 1,27 millones de dólares
La investigación del CNE, liderada por el magistrado liberal Benjamín Ortiz y el uribista Álvaro Hernán Prada, determinó que la campaña de Petro superó los límites de financiación en más de 5.300 millones de pesos (1,27 millones de dólares) y que además recibió contribuciones de entidades jurídicas, algo prohibido por la ley electoral.
Durante la primera vuelta, se habrían excedido los límites en 3.700 millones de pesos (888.650 dólares) con siete infracciones, incluyendo la falta de reporte de un aporte de 500 millones de pesos (120.000 dólares) del sindicato FECODE y otro del mismo monto del partido Polo Democrático.
Asimismo, el político Xavier Vendrell, cercano a Petro, estaría implicado por no haber reportado pagos a testigos electorales. Durante la segunda vuelta, también se habrían excedido los topes en 1.600 millones de pesos (382.000 dólares) con cinco infracciones adicionales, como la falta de reporte del costo completo del alquiler del Movistar Arena en Bogotá, utilizado para celebrar los resultados de la segunda vuelta, cuyo costo total fue de 250 millones de pesos (casi 60.000 dólares), pero solo se registraron 150 millones (36.000 dólares).
Además, según lo reportado por W Radio, habría falta de informes sobre vuelos privados utilizados por Petro durante la campaña.
