La Vigencia de las Leyes, la Interpretación Judicial y la Importancia de Leer Decisiones Judiciales Complejas

Lic. Yohanny González Morel/ abogado

En el derecho contemporáneo, como regla general, garantizar la coherencia normativa y la seguridad jurídica requiere un análisis profundo tanto de las leyes como de las decisiones judiciales. Este proceso, que puede parecer sencillo en apariencia, encierra una complejidad inherente que, de ser ignorada, puede comprometer el funcionamiento del sistema jurídico. Y prueba de ello, en el caso que envuelve la figura pública de Miguel Tejada, conocido pelotero dominicano, que ilustra esta problemática, es la sentencia TC/0624/24 dictada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Este fallo aborda la facultad exclusiva de los notarios en ciertos actos legales, como los embargos y protestos de cheques, generando una discusión relevante sobre la vigencia normativa y la interpretación judicial. En este contexto, resulta oportuno esclarecer qué leyes están vigentes, interpretar correctamente la decisión del tribunal y reflexionar sobre la importancia de leer de forma íntegra y contextualizada las sentencias judiciales para evitar errores.

La sentencia TC/0624/24 está fundamentada en hechos ocurridos antes de la promulgación de la Ley 396-2019, que introduce modificaciones relevantes a las competencias de los notarios y ministeriales. En particular, el fallo se basa en la Ley 140-15, que otorga facultades exclusivas a los notarios para realizar ciertos actos, lo que, según la interpretación del tribunal, habría derogado tácitamente las disposiciones anteriores de la Ley de Cheques (Ley 2859). Sin embargo, esta decisión no toma en cuenta el impacto de la Ley 396-2019, promulgada después de los hechos analizados, porque no resulta aplicable al caso. Esto plantea la necesidad de una interpretación adecuada que considere no solo el marco normativo vigente al momento de los hechos, sino también cómo interactúan y evolucionan las normas en el tiempo.

El jurista español Manuel Atienza sostiene que interpretar el derecho no es un ejercicio de mecánica deductiva, sino una labor que requiere considerar principios jurídicos, contexto social y temporal, así como las finalidades de las normas. Este enfoque es especialmente relevante en casos como el analizado, donde el cambio normativo posterior a los hechos genera confusión sobre cuál es la ley aplicable. Aunque el Tribunal Constitucional no aborda directamente la Ley 396-2019, su silencio no debe interpretarse como una negación de su vigencia, sino como un reconocimiento de que no era pertinente en el contexto temporal de los hechos.

Es por ello que, autores como Luigi Ferrajoli, en su obra sobre el garantismo jurídico, subraya que la jerarquía normativa y el principio de legalidad son pilares fundamentales del estado de derecho. Estos principios requieren que cada norma sea interpretada en el marco de su rango y temporalidad. La Ley 396-2019, al derogar expresamente ciertos ordinales del artículo 51 de la Ley 140-15, modificó el panorama normativo, asignando nuevas competencias a los ministeriales y redefiniendo las atribuciones exclusivas de los notarios. Este cambio, sin embargo, no afecta los hechos previos a su entrada en vigor, un aspecto que el Tribunal Constitucional tuvo en cuenta al fundamentar su sentencia en la normativa aplicable en abril de 2019.

Por otra parte, Francisco Laporta explica que las normas jurídicas no operan de manera aislada, sino dentro de un entramado dinámico que exige un análisis contextual. Esto significa que la interacción entre las leyes, su temporalidad y su coherencia interna debe ser considerada para evitar interpretaciones erróneas. En el caso de la sentencia TC/0624/24, cualquier conclusión que afirme que el Tribunal Constitucional estableció la prevalencia de la Ley 140-15 sobre la Ley 396-2019 sería una tergiversación del fallo, que está claramente limitado a los hechos ocurridos antes de la entrada en vigor de esta última norma.

Tal y como bien sostiene Gregorio Peces-Barba, defensor de una interpretación judicial integral, quien resalta que la correcta lectura de las decisiones judiciales implica considerar no solo el fallo, sino también los antecedentes, fundamentos y contexto. Ignorar estos elementos puede llevar a errores que comprometan la seguridad jurídica. En este caso, leer únicamente el dispositivo de la sentencia, sin valorar los fundamentos temporales y legales, podría generar confusión sobre la normativa vigente y sobre el alcance real de la decisión judicial.

Además de estas reflexiones, Javier García Amado enfatiza la importancia de entender que las sentencias judiciales no solo resuelven conflictos concretos, sino que también configuran precedentes que influyen en la aplicación futura del derecho. Sin embargo, este impacto depende de una correcta comprensión de su alcance. En el caso de la sentencia TC/0624/24, su valor como precedente radica en cómo resuelve un conflicto normativo específico dentro de un contexto temporal delimitado. Ignorar esta delimitación temporal podría llevar a interpretaciones erróneas que afecten la seguridad jurídica y la coherencia del sistema.

Recalco que, es esencial reflexionar sobre la importancia de leer y analizar las decisiones judiciales completas. Este caso demuestra cómo una lectura parcial o descontextualizada puede generar interpretaciones equivocadas que distorsionan la aplicación del derecho. La sentencia TC/0624/24 debe entenderse como un ejemplo de la importancia de contextualizar los hechos y las normas aplicables, y no como un pronunciamiento definitivo sobre la relación entre la Ley 140-15 y la Ley 396-2019 en el contexto actual.

En definitiva, el análisis del caso evidencia la necesidad de un enfoque jurídico riguroso que considere tanto la jerarquía normativa como la temporalidad de las leyes. Como bien señala García Amado, la seguridad jurídica no solo se garantiza mediante normas claras, sino también a través de una interpretación judicial adecuada y contextualizada. Este caso no solo nos enseña la importancia de respetar estos principios, sino que también destaca la responsabilidad de los operadores del derecho de estudiar detenidamente las decisiones judiciales para garantizar una práctica jurídica coherente y efectiva.