Managua. — En una decisión que ha generado fuertes críticas dentro y fuera del país, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este viernes una reforma constitucional que elimina el derecho a la doble nacionalidad. A partir de ahora, los ciudadanos nicaragüenses que adquieran otra nacionalidad perderán automáticamente la suya, de acuerdo con los cambios impulsados por el gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, quienes actúan como copresidentes de facto.

La reforma fue aprobada por unanimidad durante una “sesión especial” del Parlamento realizada en la localidad de Niquinohomo, cuna del líder revolucionario Augusto C. Sandino, a quien se rindió homenaje en el acto. Todos los 91 diputados presentes en su mayoría miembros del oficialismo y aliados políticos votaron a favor de la modificación de los artículos 23 y 25 de la Constitución.

El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, confirmó que la reforma establece que cualquier nicaragüense que adquiera una segunda nacionalidad perderá automáticamente su ciudadanía nicaragüense. Según el texto legal, “quien jura lealtad a otro Estado rompe el vínculo jurídico y moral con Nicaragua”, y no puede existir “doble fidelidad”. Ortega y Murillo justificaron la medida asegurando que la patria demanda un compromiso exclusivo de sus ciudadanos.

Los cambios constitucionales deberán ser ratificados en una segunda legislatura, prevista para 2026, tal como establece el procedimiento para reformas de este tipo en Nicaragua. Además, la enmienda incluye nuevas restricciones para los extranjeros que deseen nacionalizarse, quienes deberán renunciar a su nacionalidad de origen, salvo en el caso de ciudadanos centroamericanos, que podrán conservar la suya.

La medida ha sido vista por analistas y organizaciones internacionales como un nuevo paso del régimen para consolidar su poder y castigar a la disidencia. En los últimos años, el gobierno de Ortega y Murillo ha intensificado la represión contra críticos, periodistas, defensores de derechos humanos y figuras de la oposición. Más de 300 personas han sido despojadas de su nacionalidad y expulsadas del país, en un proceso calificado por la comunidad internacional como una violación masiva de derechos humanos.

Desde las masivas protestas antigubernamentales de 2018, que dejaron más de 350 muertos y al menos 2.000 heridos según informes de la ONU, el gobierno ha radicalizado su postura, reforzando el control sobre la sociedad civil, los medios de comunicación, el poder judicial y el sistema electoral. Organizaciones defensoras de derechos humanos y líderes exiliados han denunciado que la eliminación de la doble nacionalidad busca cerrar aún más el cerco sobre la diáspora nicaragüense y limitar el accionar de opositores en el exterior.

Con esta reforma, el régimen de Ortega y Murillo da un nuevo giro autoritario, según expertos, al consolidar un mecanismo legal que podría utilizarse para justificar la expulsión o exclusión de ciudadanos críticos con el gobierno que busquen refugio o ciudadanía en otros países.