SANTO DOMINGO.- La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó este jueves 18 meses de prisión preventiva como medida cautelar para Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT); José Ángel Gómez Canaán (Jochi), dueño de la empresa Aurix S.A.S.; y Pedro Padovani, exencargado del Centro de Control de Tráfico, todos ellos involucrados en el caso Camaleón. La magistrada también clasificó el caso como complejo.
Entre los otros implicados se encuentran: Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología; y Juan Francisco Álvarez, director Administrativo y Financiero del INTRANT. También se señala a las empresas Transcore Latam, Aurix e Inprosol.
El expediente acusatorio menciona que los acusados forman parte de una red de corrupción y crimen organizado que se dedica al desfalco, estafa al Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
Los representantes del Ministerio Público informaron que poseen el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo, así como un contrato ilegal entre el Ministerio de Defensa y Aurix, que se utilizó para usurpar funciones de entidades de inteligencia y seguridad del Estado. También hay evidencia de un sabotaje a la red semafórica ocurrido en agosto, que son parte de las imputaciones. Los acusados en la Operación Camaleón están siendo investigados por delitos contemplados en varios artículos de la Constitución y el Código Penal dominicanos, así como por violaciones a leyes sobre crímenes de alta tecnología y terrorismo.
En la Operación Camaleón se llevaron a cabo allanamientos en residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana, con la participación de aproximadamente 170 miembros de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados en crimen organizado.
Se incautaron cientos de evidencias que respaldan las acusaciones del Ministerio Público, lo que ha llevado a calificar la Operación Camaleón como una de las más exitosas en la lucha contra el crimen organizado. Además, el órgano persecutor informó que las investigaciones siguen en curso, lo que podría resultar en la inclusión de nuevos acusados y más imputaciones relacionadas con un esquema de sobornos.
