Santo Domingo, República Dominicana. A partir de este mes de Mayo, 2025, el Poder Judicial ha iniciado formalmente la transición de las audiencias civiles y comerciales al formato virtual, comenzando con los tribunales que operan en la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuya infraestructura se encuentra en avanzado estado de deterioro. Grietas estructurales, filtraciones y el riesgo latente de colapso han forzado una aceleración del proceso de digitalización de los servicios judiciales.
Ante esta situación, las autoridades han comenzado a desalojar el antiguo edificio de las cortes, y han trasladado las operaciones a un espacio habilitado para la formación y servicios digitales en el primer nivel de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que ahora funciona como centro neurálgico para la capacitación y el acceso virtual al sistema judicial.

La digitalización de las audiencias no solo responde a la urgencia estructural del inmueble, sino que se enmarca dentro de una estrategia más amplia del Poder Judicial para modernizar el sistema de justicia y reducir la sobrecarga de los tribunales físicos, facilitando el acceso a la justicia mediante el uso de nuevas tecnologías.
Desde el martes pasado, se dio inicio al proceso de migración de servicios presenciales hacia el entorno digital, como parte de un plan estructurado que culminará con el desalojo total del edificio de la Corte de Apelación antes del 30 de mayo.
El proyecto se apoya en la Plataforma de Acceso Digital, accesible a través del sitio web oficial del Poder Judicial (www.poderjudicial.gob.do). A través de esta herramienta, los ciudadanos pueden registrarse, recibir formación y acceder a los servicios judiciales de forma remota y segura, lo que garantiza, según las autoridades, un acceso del 100% a la justicia.

La Suprema Corte de Justicia reiteró su compromiso con la modernización del aparato judicial, subrayando que esta transición permitirá una mayor eficiencia en la gestión de los casos, mayor transparencia y una justicia más accesible para todos los ciudadanos del país.