El Poder Judicial dominicano dio un paso fundamental en la protección del derecho de información y la transparencia, y del derecho fundamental a la intimidad, con la puesta en marcha de su Política de Protección de Datos. Esta iniciativa, aplicable a la publicación de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia y todos los tribunales de la República, protege informaciones de carácter personal, prescindibles en las decisiones jurisdiccionales.

Durante el acto, el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, sostuvo que la implementación de la política es fundamental para garantizar que la innovación y la digitalización no se conviertan en amenazas para los derechos fundamentales de las personas, sino en herramientas que refuercen el Estado de Derecho.

“La publicación de sentencias y otros documentos por parte de la Suprema Corte de Justicia, así como de todos de los tribunales de la República, se ajustarán a estos nuevos criterios de protección de datos, garantizando que el derecho a la intimidad no sea vulnerado en el proceso de acceso a la información pública. Esto implica no solo adherirse a normativas nacionales e internacionales, sino también asegurar que el acceso a la información no se convierta en una puerta abierta a la invasión de la privacidad”, aseguró.

Agregó que la política de Protección de Datos beneficia a todas las personas involucradas en procesos judiciales.

“La puesta en marcha de esta política nos insta a todos, jueces, fiscales, defensores, servidores judiciales y administrativos, la comunidad jurídica, la sociedad en su diverso conjunto, a comprender el valor de los datos personales de quienes acuden al sistema judicial y a manejarlos con la diligencia y el respeto que merecen. Eso es, también, poner a la persona en el centro del accionar judicial”, manifestó el juez presidente.

Subrayó que la norma refuerza la dignidad de las personas al garantizar un tratamiento respetuoso, justo y seguro de su información personal, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con la protección de los derechos humanos y el valor inherente de cada individuo.

Sobre la política

El primer objeto de la Política de Protección de Datos es establecer las reglas para proceder a mantener en el anonimato los datos considerados personales en el ámbito judicial.

En segundo lugar, establecer la posibilidad de aplicar esta política con carácter previo a dictar la decisión judicial correspondiente, añadiendo, en este caso, la tutela judicial efectiva que debe garantizarse en todo momento a las partes, correspondiendo al órgano judicial decidir sobre qué datos personales podrían no aparecer en el acto jurisdiccional.

Un punto de interés es que, los criterios que se utilizarán para proceder a la disociación o anonimización de los datos personales son flexibles. De esta forma podrán ser modificados a discreción del juez, quien valorará qué categorías de datos son sensibles en cada caso particular, para proceder así a protegerlos.

La aplicación de esta Política de Protección de Datos tiene como destinatarios a todos los órganos jurisdiccionales de la República Dominicana, lo que incluye los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.

(Poder Judicial).