MADRID.- El juez encargado del caso Koldo, Ismael Moreno, interrogará este martes a dos socios del comisionista Víctor de Aldama y a su secretaria sobre su implicación en la trama relacionada con las mascarillas, los test PCR en los aeropuertos de Canarias y Baleares, así como los pagos al comandante de la Guardia Civil investigado en este caso.

Los tres imputados, Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y María Piedad Losada (quien habría trabajado como secretaria para el comisionista), declararán tras la comparecencia de otros dos socios de De Aldama, Luis Alberto Escolano y César Moreno, el lunes. Ambos solo respondieron a las preguntas de sus abogados y se limitaron a desvincularse de los contratos de compra de mascarillas que están siendo investigados, sin ser cuestionados sobre otros aspectos de la trama.

Al inicio de la investigación, la Guardia Civil halló un chat denominado «los cuatro mosqueteros», en el que participaban Díaz Tapia, Serrano y Moreno junto a De Aldama. Estos individuos habrían colaborado con el comisionista en la despatrimonialización de sus fondos.

Las conversaciones en este chat revelan lo que la UCO interpreta como pagos a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, a través de su hermano en República Dominicana, algo que De Aldama confirmó en su declaración. En sus informes, la UCO sostiene que De Aldama «dirige» a los demás socios detenidos, encargándose de la gestión de dinero en efectivo para el comandante Rubén Villalba, quien, según la investigación, recibía 2.000 euros mensuales de De Aldama.

Además, la UCO sostiene que De Aldama y sus socios, además de con las mascarillas, obtuvieron beneficios con los test de Covid gracias a su relación privilegiada con el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. Utilizaron la empresa Fertinvest Consulting y su socio Eurofins Megalab para ofrecer la realización de estos test en los aeropuertos de Canarias y Baleares a los expresidentes Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, respectivamente.

Díaz Tapia habló por teléfono con Torres sobre este asunto, mediado por Koldo García, y se presentó como «Nacho Díaz, del laboratorio Eurofins». La Guardia Civil ha identificado tres contratos para realizar los test, por un total de 5,3 millones de euros.

María Piedad Losada también aparece en los informes de la UCO como secretaria y «responsable gestora de las sociedades» de De Aldama, y en conversaciones relacionadas con la casa que la trama le proporcionó al exministro Ábalos. La Guardia Civil también menciona que De Aldama puso a su secretaria a disposición de Ábalos para «asuntos personales» y destaca una conversación entre Losada y De Aldama sobre sus reuniones en el Ministerio.

Losada también estuvo involucrada en la adquisición del chalet en La Alcaidesa, en Cádiz, que Ábalos disfrutó en 2021. Este inmueble fue proporcionado por la trama a cambio de adjudicaciones de contratos de mascarillas y gestiones para la empresa de hidrocarburos Villafuel. Según la investigación, el dueño de Villafuel, Claudio Rivas (actualmente en prisión por el caso de Hidrocarburos), fue quien pagó los gastos relacionados con la casa.

La salida de Ábalos del Ministerio, en julio de 2021, comprometió la concesión a Villafuel, lo que impidió que el exministro pudiera quedarse con el chalet, según detalla la Guardia Civil.

Fuente: La Gaceta