San Francisco, EEUU. — La firma israelí NSO Group, conocida por desarrollar el controvertido software espía Pegasus, ha sido condenada por un tribunal federal del norte de California a pagar 168 millones de dólares a Meta, empresa matriz de WhatsApp, por haber vulnerado su plataforma con fines de espionaje. La decisión judicial representa una de las sanciones más severas impuestas hasta ahora contra una compañía dedicada a la producción de software de vigilancia.
El veredicto, emitido a raíz de un litigio iniciado por Meta en 2019, incluye una compensación directa de 444.000 dólares por daños comprobados, además de una sanción punitiva de 167,3 millones, destinada a disuadir futuras acciones ilegales de espionaje. El caso se refiere a la infiltración de Pegasus en aproximadamente 1.200 dispositivos móviles en todo el mundo, incluyendo los de políticos, periodistas, activistas y abogados, sin el consentimiento de los usuarios afectados.
Meta celebró la decisión judicial y la calificó como “una victoria significativa para la privacidad y la seguridad digital a nivel global”. En un comunicado emitido desde su sede en Palo Alto, la compañía aseguró que este fallo “sienta un precedente al responsabilizar a los desarrolladores de spyware por sus prácticas intrusivas” y destacó que la indemnización “envía un mensaje contundente a toda la industria del software espía”.
El software Pegasus fue utilizado como puerta de entrada para obtener acceso no autorizado a las cámaras, correos electrónicos, mensajes y datos personales de los usuarios infectados. Aunque NSO ha defendido su tecnología argumentando que se emplea para rastrear terroristas y delincuentes, los hechos demostrados durante el juicio revelan un patrón sistemático de vigilancia ilegal en diversos países.
Entre los casos más notorios se encuentra el de México, el país con mayor número de víctimas de Pegasus: 456 personas espiadas hasta mayo de 2019, lo que representa el 37% del total de afectados a nivel mundial. El espionaje se extendió desde el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto hasta el de su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, pese a las declaraciones de este último de haber abandonado tales prácticas.
En Europa, el escándalo también tocó a España, donde se investiga desde 2021 el espionaje al presidente Pedro Sánchez y a varios de sus ministros. La reactivación del caso por parte de la Audiencia Nacional en 2024 condujo a una reforma completa del sistema de comunicaciones y seguridad del Ejecutivo.
Durante el proceso, la jueza Phyllis Hamilton, quien supervisó el juicio, reprochó a NSO por su falta de cooperación con la justicia, al ignorar órdenes de entregar evidencia clave. Esta actitud, sumada a las pruebas documentadas de intrusión ilegal, influyó en la severidad de la condena.
Por su parte, NSO Group ha anunciado que está evaluando la posibilidad de apelar el fallo. En una escueta declaración pública, la empresa indicó que revisará detalladamente el contenido del veredicto antes de decidir sobre futuras acciones legales.
Organizaciones de derechos humanos y digitales celebraron la sentencia como un hito en la defensa de la privacidad. “Este fallo envía una señal clara a todas las empresas que desarrollan o comercializan tecnologías de vigilancia ilícita”, expresó Michael De Dora, de la ONG Access Now. Su colega Natalia Krapiva instó a otras empresas tecnológicas a seguir el ejemplo de Meta y actuar judicialmente contra quienes violen la seguridad digital.
La batalla legal ha servido también para arrojar luz sobre la estructura interna de NSO, hasta ahora en gran parte desconocida. Durante el juicio se reveló que la compañía contaba con un equipo de 140 técnicos en diversas partes del mundo y un presupuesto operativo de 50 millones de dólares, enfocado principalmente en detectar vulnerabilidades en aplicaciones de mensajería.
El fallo marca un precedente legal importante y podría dar paso a nuevas demandas por parte de otras plataformas digitales afectadas por Pegasus.
