CARACAS, VENEZUELA. – La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este domingo que el país mantuvo «extensas conversaciones» con España para gestionar la salida de Edmundo Gonzálbez Urrutia, representante de la principal coalición opositora, mientras que el Gobierno español niega haber realizado «negociaciones políticas» con alguna «contrapartida» entre ambas naciones.

«Se llevaron a cabo amplios contactos para facilitar la salida del opositor González Urrutia del país con todas las garantías de un salvoconducto, fruto de un acuerdo entre los dos gobiernos», aseguró Rodríguez a través de su canal de Telegram.

Estas declaraciones fueron en respuesta al ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, quien, en una entrevista con TVE, admitió la existencia de conversaciones, pero negó que se tratara de negociaciones con condiciones. Albares insistió en que el asilo y el traslado a Madrid fueron solicitados directamente por González Urrutia y otorgados por el gobierno de Pedro Sánchez.

«No ha habido ningún tipo de negociación política entre el Gobierno de España y el Gobierno de Venezuela (…). España no ofreció ninguna contrapartida para facilitar la salida de Edmundo González», afirmó Albares.

Rodríguez, por su parte, señaló que «es un hecho comunicacional» el aterrizaje de «una aeronave de la Fuerza Aérea española» que trasladó al líder opositor, autorizado por las autoridades de aviación de Venezuela, sin mencionar contrapartidas.

La vicepresidenta tildó de «falsa» la declaración del ministro español y reiteró que ambos países mantuvieron «los contactos pertinentes» y, «en conformidad con el derecho internacional», se otorgó un salvoconducto al opositor.

Tras 42 días de las elecciones presidenciales, Albares reiteró al órgano electoral venezolano la solicitud de publicar las actas de votación, una demanda también realizada por varios gobiernos extranjeros, con el fin de esclarecer los resultados oficiales que dieron la reelección a Maduro, calificados por la oposición como «fraudulentos».

La oposición basa su reclamo en la publicación de un 83,5% de las actas electorales en una página web, documentos que asegura haber recopilado mediante testigos y miembros de mesa, los cuales el Gobierno venezolano considera «falsos».