Santo Domingo. — El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, se pronunció este martes sobre el controvertido proyecto de ley de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. En una declaración detallada, Ulloa reconoció que la iniciativa contiene avances importantes, pero advirtió que aún presenta serias deficiencias que podrían abrir la puerta a restricciones indebidas a derechos fundamentales.

“El derecho a la libertad de expresión es uno de los pilares esenciales de toda democracia”, señaló Ulloa, recordando que el artículo 49 de la Constitución dominicana protege este derecho de manera inequívoca. También citó jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que cualquier tipo de sanción debe ser “legal, necesaria y proporcional”. Desde esta perspectiva, el defensor del pueblo subrayó que el proyecto actual requiere “más Constitución y menos discrecionalidad”.

Avances valorados

Entre los aspectos positivos del proyecto, Ulloa destacó la prohibición de la censura previa, el reconocimiento del acceso a internet como un derecho fundamental, y la inclusión de medidas que protegen el ejercicio periodístico. También elogió la incorporación de la perspectiva de protección a la niñez, lo que consideró un paso acertado en el contexto digital actual.

Riesgos y críticas

Sin embargo, Ulloa expresó fuertes preocupaciones sobre varios puntos clave del proyecto. En primer lugar, cuestionó la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), que funcionaría bajo la tutela del Ministerio de Cultura y tendría amplias facultades para regular contenidos, medios y plataformas. “¿Puede un organismo con tanto poder operar sin un control político real? La regulación sin independencia se convierte en riesgo, no en garantía”, advirtió.

Uno de los artículos más polémicos, según Ulloa, es el Artículo 65, que permitiría suspender transmisiones por hasta 90 días y aplicar multas de hasta 200 salarios mínimos por “infracciones graves”, sin que se defina claramente qué constituye una infracción de tal magnitud. “Ambigüedad más discrecionalidad es igual a puerta abierta a la censura”, alertó el defensor.

También criticó la disposición que exige a plataformas digitales con más del 10 % de usuarios dominicanos tener representación legal en el país, lo que consideró un posible exceso regulatorio que podría ejercer presión indebida sobre voces digitales disidentes.

Otro vacío señalado por Ulloa es la ausencia de criterios claros sobre la distribución de la publicidad estatal. “Sin reglas objetivas, los fondos públicos pueden usarse como premio o castigo. Eso es censura indirecta, y debe estar expresamente prohibida”, afirmó.

Llamado a la participación ciudadana

Ulloa lamentó la falta de participación de periodistas, medios y gremios en la construcción del proyecto, subrayando que “sin debate público, no hay legitimidad democrática”. Para él, una legislación que afecta derechos tan sensibles debe ser producto del consenso, la deliberación y la transparencia.

“El país necesita actualizar su legislación para responder a los desafíos de la era digital, proteger a la infancia y fomentar el uso responsable de las plataformas. Pero también debe evitar caer en tentaciones autoritarias. Una democracia fuerte no teme a la crítica: la escucha”, concluyó.

El proyecto de ley continúa en proceso de revisión en el Congreso, mientras diversas voces de la sociedad civil y del ámbito periodístico siguen demandando un debate abierto, técnico y participativo.